En su libro
Fraude Procesal, el litigante Carlos Requena denuncia cómo un tipo penal, deficientenente diseñado, propicia que algunos de sus colegas abusen de esta figura jurídica para causar presión, obstrucción, distracción o negociación de la justicia. El profesor de Derecho Penal de la Universidad Panamericana nos invita a reflexionar sobre la relación entre la dogmática jurídica y la impartición de justicia penal.
En efecto, en mi visita esta mañana a la Agencia del Ministerio Público de XOCHITEPEC, pude percatarme que no otra cosa está aconteciendo en esa PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS.
En el 2002 se incorporó al Código Penal para el Distrito Federal una nueva descripción del artículo 310, tipificando como delito al denominado fraude procesal. Según su actual redacción, se desprenden
seis hipótesis normativas:
1.- simular un acto jurídico;
2.-simular un acto judicial;
3.-simular un escrito judicial;
4.- alterar elementos de prueba y presentarlos en juicio;
5.- realizar cualquier otro acto, distinto a los anteriores, tendiente a inducir a error a la autoridad judicial;
6.- o, realizar cualquier otro acto, distinto a los anteriores, tendiente a inducir a error a la autoridad administrativa, respectivamente.
En consecuencia, ahora en Xochitepec, Morelos, ocurre en la agencia del M. P., que una señora bien intencionada intenta simular un
acto jurídico dizque para "dar a cada quien lo suyo, de modo imparcial". En ese pretendido
acto judicial se arriesga a redactar un supuesto escrito judicial en el que de modo ramplón, de sopetón y de manera burda no sólo no recibe pruebas --ninguna-- sino que, precisamente,
REALIZA ACTOS EXTRAÑOS TENDIENTES A INDUCIR A ERROR AL MINISTERIO PÚBLICO, A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES, al pretender mutatis mutandis convertir un vil y descarado robo, en "un acto civil de abuso de confianza", omitir daños graves en propiedad ajena, y, en fin, parezca que actúa como
DEFENSORA DE OFICIO, ayudando al transgresor de los artículos que me permito enumerar abajo, en un apartado de
DERECHO, y PERJUDICANDO gravemente a una persona de la tercera edad y a una niña inocente y candorosa que han sufrido el embate salvaje de un sujeto, un presunto delincuente, que despedazó su auto
NISSAN PLATINA, arrancándole todos los cables del tablero, destrozando aquellos que van al motor y arruinando la computadora, provocando exprofeso un corto circuito al invertir los cables del acumulador y,
robándose descaradamente la batería original de dicho auto, además, engañando al cliente de que compró una pieza que, tampoco, nunca le puso al coche y , como si fuera poco tanta arbitrariedad y actuación carente de moralidad y contraria a un comportamiento cívico, faltando a la verdad ante la autoridad administrativa, OCULTANDO SU NOMBRE Y DOMICILIO; presuntamente, sobornando a un par de servidores públicos que se presentaron para una diligencia de comprobación de hechos, ya que el informe que rindieron estos malos funcionarios no coincide con los hechos que se produjeron ante testigos fidedignos y ello, tras ofenderlos y faltarles gravemente el respeto; y, en fin,
reteniendo el auto a fortiori, sin repararlo, causando daños, perjuicios y gastos de transporte, complicando las actividades escolares, profesionales y domésticas de una familia... todo ello, confirman las hipótesis normativas arriba enumeradas:
APARTADO de DERECHO:
<Código Penal vigente del Estado de Morelos>
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
CAPÍTULO I
ROBO
ARTÍCULO *174.-
A quien se apodere de una cosa mueble ajena, con ánimo de dominio, sin consentimiento de quien pueda otorgarlo conforme a la ley, se le aplicarán: I.- De seis meses a un año de prisión, de quince a noventa días de trabajo en favor de la comunidad, así como de diez a cincuenta días-multa, cuando el valor de la cosa no exceda de veinte veces el salario mínimo, o no sea posible determinar su valor;
ARTÍCULO *176.- En los casos de robo se atenderá, asimismo a lo previsto en las siguientes calificativas:
A).- Se aumentarán hasta en una mitad las sanciones previstas en los artículos anteriores cuando el robo se realice: VII. En local abierto al público; IX. Con quebranto de la confianza o seguridad derivadas de una relación de servicio, trabajo...
Y, si se tratare de una figura afín al caso civil de abuso de confianza, el código penal del Estado, condena:
ARTÍCULO 178.- Al que se apodere de una cosa mueble ajena, sin consentimiento del
dueño o del poseedor legítimo, acredite que la sustrajo para usarla temporalmente y no
para apropiársela o venderla, y acceda a devolverla cuando se le requiera para ello, se
le aplicarán de seis meses a un año de trabajo en favor de la comunidad, si justifica no
haberse negado a devolverla si se le requirió para ello. ARTÍCULO 186.- A quien con perjuicio de alguien, disponga para sí o para otro de una
cosa mueble de la que se le haya transmitido la tenencia, pero no la propiedad, se le
impondrán:
I. De treinta a ciento veinte días de trabajo en favor de la comunidad y de veinte a
noventa días multa, cuando el valor de lo dispuesto no exceda de cincuenta veces el
salario mínimo, o no sea posible determinar su valor; ARTÍCULO 188.- A quien obtenga ilícitamente una cosa o alcance un lucro indebido, en beneficio propio o de un tercero, engañando a alguien o aprovechando el error en el que éste se encuentra, se le aplicarán.
CAPÍTULO IX
DAÑO
ARTÍCULO 193.- A quien por cualquier medio destruya o deteriore una cosa ajena o propia, en perjuicio de otro, se le impondrán las sanciones aplicables al robo simple.
ARTÍCULO 223.- Se castigará con uno a cuatro años de prisión y de noventa a ciento veinte días de trabajo en favor de la comunidad: I Al que oculte su nombre o apellido y tome otro que no le corresponde o el de persona diferente, al declarar ante la autoridad judicial o administrativa;
II. Al que, para eludir la práctica de una diligencia judicial o una notificación o citación de una autoridad, oculte su domicilio o designe otro, o niegue de cualquier modo el verdadero;
ARTÍCULO 221.- Al que teniendo legalmente la obligación de conducirse con verdad en un acto ante la autoridad, apercibido por ésta, se condujere con falsedad u ocultare la verdad, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de doscientos a trescientos sesenta días multa.
ARTÍCULO 282.- Al particular que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a un servidor público, directamente o por interpósita persona, para que dicho servidor haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones,
se le aplicarán las sanciones contenidas en el artículo 278.
En ningún caso se devolverá a los responsables de este delito el dinero o dádivas entregadas, que se aplicarán en beneficio de la administración de justicia del Estado.
C. PROCURADOR DE JUSTICIA PEDRO LUIS BENÍTEZ VÉLEZ.
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Lic. Rafael Vazquez Gandara
Director General del Centro de Justicia Alternativa | |
Quienes hemos ejercido la noble profesión de la abogacía, ya sea en la administración de justicia o en la defensa de los intereses de los particulares, nos hemos percatado que el mundo, al menos en su ámbito judicial, es de papel y de expedientes, donde la justicia es PAPELERA
Es evidente que a través de las manos de los operadores jurídicos, han pasado millones de hojas, donde los usuarios o sujetos del servicio cifran sus expectativas de justicia. 
Nuestro sistema tradicional, en casi cualquiera de sus modalidades, se basa en la documentación de los acontecimientos que se estiman jurídicamente trascendentes, exigencia implacable y excluyente, creadora de aquella sentencia breve, fría y contundente que a la letra dice: “lo que no esta en el expediente, no esta en el mundo”.
En Morelos, el juez ha decidido los más preciados bienes del hombre y de la mujer, sobre una base documental.
La libertad, los derechos surgidos de la familia y el patrimonio, se encuentran en juego en expedientes donde el gobernado, por fuerza del sistema, deposita su esperanza de justicia.
Así las cosas, vale preguntar: ¿La forma escrita en nuestro sistema judicial y la sobrecarga de trabajo, significa que hemos elegido la ruta equivocada?
Revela que hemos arribado al punto de saturación y que debemos replantear la forma de resolver nuestros conflictos, pues los aspectos cuantitativos que configuran el rostro frío e impenetrable de nuestro sistema de justicia, son insuperables Por ende, creo que debemos considerar formas diversas de resolver nuestras controversias.
De acuerdo a la experiencia de otros estados de la República, esto conduce, al parecer, a la justicia oral y a los medios alternativos a la justicia ordinaria. 
Las formas alternas surgen precisamente de las condiciones a las que ahora, en este momento, deben enfrentarse los justiciables para obtener la resolución de sus conflictos.
Y esa nueva forma, debe surgir en sede materialmente distinta de la judicial, pues aún cuando existen dispositivos legales que establecen la obligación del juzgador de procurar la conciliación de los sujetos en litigio, como el numeral 272 BIS del Código de Procedimientos Civiles, la practica ha demostrado que son ineficaces, pues, al menos en mi experiencia, es mínimo el numero de asuntos que se solucionan como consecuencia de la aplicación de dicho precepto.
Y es que difícilmente podría haberse elegido un entorno más difícil para la solución consensuada de una controversia jurídica, que el formado una vez iniciada la causa judicial.
Primero, porque en principio la postura formal y natural de los profesionistas encargados de la defensa de los intereses conflictuados, es la del combate que generalmente aspira al vencimiento absoluto;
Segundo, por el grado de dificultad en la conciliación de intereses opuestos, alterados y exacerbados por la vivencia de la contienda y donde, si acaso, la motivación para transigir pocas veces surge de un convencimiento cooperativo, pacifico, psicológica y materialmente satisfactorio para las partes, sino del error judicial, del equívoco en la dirección técnica del asunto, o del desgaste propio de un litigio cuyo fin no es pronosticable.
Y, tercero, porque el juez tiene como función inmanente e incompartible con otra, la de resolver los asuntos judiciales sometidos a su conocimiento, más allá de la conciliación de intereses opuestos, a fin de que permanezca incuestionable su objetividad, imparcialidad e independencia.
En ese contexto, se ha generado un proyecto, una iniciativa de ley, que tiene por objeto regular y fomentar el uso de medios alternativos para la solución de controversias entre particulares, siempre y cuando se refieran a derechos de libre disposición, iniciativa que tiene como sustento el principio legal que establece que las personas tendrán derecho a acceder a los medios alternativos de justicia, para resolver sus controversias, en la forma y términos que dispongan las leyes respectivas.
Tiene como objeto el establecimiento de una opción a la justicia ordinaria, en la que se contempla como herramienta fundamental los mecanismos de conciliación y de mediación.
Prevé la creación de un Centro Estatal de Justicia Alternativa, que debiera ser dependiente del Consejo de la Judicatura del Estado, y no de la Procuraduría, así como la prestación gratuita de los servicios de mediación y conciliación que el centro proporcione.
En un glosario, de evidente utilidad para efectos de precisión terminológica, se define a la conciliación como el procedimiento voluntario donde el conciliador asume una conducta activa y recomienda, sugiere o propone a las partes, soluciones que diriman la controversia.
Enseguida define a la mediación como el procedimiento voluntario, donde el mediador asume una conducta facilitadora de la comunicación entre las partes, tendente a la búsqueda de soluciones surgidas de ellas mismas.
Indica que los principios que deben imperar en la justicia alternativa, son los siguientes: 
Voluntariedad
Las partes son las únicas facultadas para iniciar los procedimientos de mediación o conciliación, continuarlos y concluirlos.
Confidencialidad
La información que las partes proporcionan al mediador o conciliador no se divulga.
Imparcialidad y neutralidad
Fusiono estos conceptos porque, al final de cuentas, implican una actuación libre de favoritismos, inclinaciones, prejuicios, y significa que debe tratar a los intervinientes con objetividad y sin diferencia alguna.
Equidad
El mediador o conciliador debe conservar el equilibrio de las pretensiones a satisfacción de ambas partes.
Flexibilidad
El procedimiento de mediación prescindirá de formas rituales, clásicas y jurídicas para responder a las necesidades de los intervinientes.
Por otra parte, establece que en materia penal, la mediación y conciliación entre ofendido e inculpado sólo podrá recaer respecto de delitos perseguibles por querella.
Establece los requisitos que debe satisfacer el mediador, dentro de los cuales destaca la capacitación en la teoría y técnicas de la mediación y conciliación. 
Enumera las funciones, derechos y obligaciones del mediador, entre otras, la de asesorar a los mediados para que generen un acuerdo que solucione los intereses en conflicto; substanciar el procedimiento de mediación y conciliación; dar fin al procedimiento cuando cualquiera de las partes lo solicite; redactar el convenio que dirima la controversia; y enuncia el deber de prontitud, actualización permanente y discreción, así como el derecho a percibir honorarios, en el caso de mediadores privados.
Pero, ojo, las faltas que cometa en el desarrollo de su función, estarán sujetas al procedimiento disciplinario establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Exige la capacidad de ejercicio de los mediados, es decir, que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos y en el caso de personas jurídicas, que se encuentren constituidas conforme a las leyes aplicables.
Establece los derechos y obligaciones de los mediados, como la sustitución del mediador, en el supuesto de la mediación pública; la intervención personal del mediado en todas las sesiones de mediación y conciliación; el derecho a que en dichas sesiones los acompañe persona de su confianza o asesor jurídico; y el deber de cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio.
Otorga al Director del Centro de Justicia Alternativa la atribución de autorizar y elevar a la categoría de cosa juzgada los convenios celebrados entre las partes, previa revisión de su legalidad.
Regula el procedimiento de conciliación ante el Centro de Justicia Alternativa, que inicia con petición de parte interesada, seguida de la verificación de que se trata de asunto susceptible de medio alternativo; invitación a los interesados a una audiencia inicial, en la que se informará a las partes sobre los objetivos y ventajas de la mediación y conciliación. Se llevarán cabo cuantas sesiones el caso requiera y en el evento de que los mediados no puedan resolver la controversia con base en sus propias propuestas, se procederá a la conciliación, donde el mediador asumirá una conducta proactiva, es decir, propondrá, sugerirá o recomendará alternativas de solución.
En caso de obtenerse un acuerdo, deberá elaborarse un convenio por escrito, con las declaraciones y cláusulas que reflejen fielmente la voluntad de los intervinientes. En cumplimiento forzoso del convenio, en su caso, se solicitará al juez competente, en vía de ejecución de sentencia. 
Finalmente, debe enfatizarse que la utilización de medios alternativos de resolución de conflictos, no pretende sustituir a la actividad jurisdiccional, que es de suyo inherente al Estado, ni tampoco debe contemplarse, por si sola, como la solución a los problemas de la administración de justicia, pues, citando a Cecilia Azar Mansur, autora de la obra Mediación y Conciliación en México, “los mecanismos de solución distintos al sistema judicial deben penetrar en nuestro quehacer jurídico porque representan una ampliación de las opciones para que la sociedad mexicana alcance la paz social. El objetivo central de su implementación y desarrollo… debe ser el ofrecimiento de una gama mayor de alternativas a la sociedad para solucionar susconflictos.” Pero, sin duda, tiene razón el señor Procurador General de Justicia del Estado al declarar:
Si usted tiene alguna duda que esclarecer sobre la Justicia Alternativa, pregúntele a este servidor público, en la siguientes direcciones:
LA LETRA CHIQUITA ES PARA AMPLIAR O PUNTUALIZAR LO ADEVERTIDO CON LETRA GRANDE, finalmente, en este breve correo, dos observaciones: :mi queja en PROFECO tiene que ver, ademàs del fallido contrato , detonador de todo el problema en contra de un adulto mayor, con los sigs. puntos ver menos
EL CONSUMIDOR ANTE UNA CRISIS COMO LA ACTUAL NO PUEDE QUEDAR INERME MIENTRAS LOS RICACHONES QUE HAN ACUMULADO MALHABIDO CAPITAL CON TRANSACCIONES TRANZAS, SE PITORREAN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.YO VOY A LLEVAR ESTE ASUNTO, COMO SIEMPRE, EN LOS CASOS SEÑEROS QUE ME RECUERDA LA LIC. SUSANA FLORES: agua potable, peugeot mèxico. nissan agrícola oriental, granjas mérida, etc. etc... y tantos otros que ni siquiera vale la pena acordarse: con la ley en la mano e instando a los servidores pùblicos a actuar con honestidad, integridad y en favor de los consumidores. Tal es su deber.Irè a la prensa como hoy; irè a la apelaciòn, al amparo y no me cansarè de denunciar actos corruptos, pero este asunto de IRAGORRI irà hasta las ùltimas consecuencias.Todo lo anterior porque si me mandan un mensaje subliminal y para leer entre lìneas, en que me dicen: PROFECO NO TIENE NADA QUE VER CON ASUNTOS FINANCIEROS, SINO SÒLO CONDUSEF, es que hay una resistencia telùrica a actuar conforme al DERECHO QUE SE AMPLÌA, SE MODERNIZA Y ABARCA YA ESE CAMPO, SEGÙN LA LEY DE TRANSPARENCIA y las consideraciones generales del C. PROCURADOR DE PROFECO. Esta incapcidad es eminentemente ilegal y no serà la primera vez que acuda al MINISTERIO PÙBLICO para denunciar que un servidor pùblico se niega a obedecer la ley que tiene la obligaciòn de aplicar irrestrictamente.
EL CONSUMIDOR ANTE UNA CRISIS COMO LA ACTUAL NO PUEDE QUEDAR INERME MIENTRAS LOS RICACHONES QUE HAN ACUMULADO MALHABIDO CAPITAL CON TRANSACCIONES TRANZAS, SE PITORREAN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.YO VOY A LLEVAR ESTE ASUNTO, COMO SIEMPRE, EN LOS CASOS SEÑEROS QUE ME RECUERDA LA LIC. SUSANA FLORES: agua potable, peugeot mèxico. nissan agrícola oriental, granjas mérida, etc. etc... y tantos otros que ni siquiera vale la pena acordarse: con la ley en la mano e instando a los servidores pùblicos a actuar con honestidad, integridad y en favor de los consumidores. Tal es su deber.Irè a la prensa como hoy; irè a la apelaciòn, al amparo y no me cansarè de denunciar actos corruptos, pero este asunto de IRAGORRI irà hasta las ùltimas consecuencias.Todo lo anterior porque si me mandan un mensaje subliminal y para leer entre lìneas, en que me dicen: PROFECO NO TIENE NADA QUE VER CON ASUNTOS FINANCIEROS, SINO SÒLO CONDUSEF, es que hay una resistencia telùrica a actuar conforme al DERECHO QUE SE AMPLÌA, SE MODERNIZA Y ABARCA YA ESE CAMPO, SEGÙN LA LEY DE TRANSPARENCIA y las consideraciones generales del C. PROCURADOR DE PROFECO. Esta incapcidad es eminentemente ilegal y no serà la primera vez que acuda al MINISTERIO PÙBLICO para denunciar que un servidor pùblico se niega a obedecer la ley que tiene la obligaciòn de aplicar irrestrictamente.
